Se realizó en Buenos Aires una nueva asamblea del Consejo Consultivo y Participativo de Pueblos Indígenas de la Argentina. Durante tres días representantes de diversas comunidades indígenas del país se reunieron en el Hotel Bauen para debatir e informar sobre la situación de las comunidades en los territorios y del trabajo que el Consejo realiza desde su creación el año pasado.

 

Desde el lunes pasado el segundo piso del hotel cooperativo es testigo de debates, construcción y diálogo de las comunidades. Allí los representantes hablan de los conflictos territoriales que sufren y como se usa a la justicia para perseguirlos. El caso del líder wichí detenido desde el 14 de abril pasado en Ingeniero Juárez, Agustín Santillán, es uno de los casos emblema en las charlas.

“Estamos muy perseguidos”, dice José Formosa para luego parase ante todos los asistentes con tres carteles. Uno de ellos pide la absolución del actual presidente del Consejo Consultivo, Felix Diaz, recientemente procesado por usurpación; otro la libertad de Santillán y el tercero resume los reclamos: “Basta de persecución a los líderes indígenas”, dice. 

En el caso de Santillán, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) se encuentra realizando un acompañamiento donde sus representantes participaron de audiencias en referencias a las causas que hay sobre el líder wichi. Además, según explicaron desde el organismo, siguen sus condiciones de detención de Santillán, y es el INAI financia el abogado elegido por Santillán para su defensa.

“Puka”, como es conocido, da el toque alegre del día. Algunos chistes distienden la jornada de trabajo aunque en esa alegría se denota la lucha: “Argentina nos debe, aparte de la sangre, el alquiler de las tierras”, dice y recuerda que “en la alegría de transmitir, los pueblos indígenas estamos de pie”. “El oro que tenemos nosotros es la tierra”, sintetiza Eduardo, de la comunidad Potae Napocna Navogh.

Los representantes indígenas también discutieron sobre la operatividad del trabajo del Consejo Consultivo; la importancia de la prórroga de la ley 26.160 de relevamiento territorial que vence en noviembre de este año; la contaminación e industrias extractivas; la comunicación con identidad; educación y salud intercultural; la cultura y deportes.

“Celebramos el diálogo franco que se está llevando a cabo”

Durante la segunda jornada el secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, Claudio Avruj, se hizo presente en la asamblea  de las comunidades para interiorizarse en el trabajo y para recibir varias de los pedidos que las comunidades le dieron.  Sobre ello el funcionario explicó que van a “escuchar todas las propuestas que surjan de este Consejo Consultivo para poder evaluarlas y trabajar en las soluciones”.

En ese mismo sentido ratificó “el compromiso del Presidente con las políticas públicas con respecto a los pueblos originarios” y declaró: “Sabemos que hay temas pendientes, pero estamos en el camino correcto, haciendo lo que hay que hacer y trabajando firmemente”.  

“La creación y el buen funcionamiento del Consejo Consultivo es una oportunidad muy importante, ya que es uno de los pilares de la estructura que integran también el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y el Consejo Federal Indígena para llevar al terreno las acciones”, explicó Avruj.

Asimismo indicó el trabajo que desde esa cartera se intenta hacer para el “avance de acciones concretas como el relevamiento de tierras, la entrega de carpetas, la asistencia jurídica, la constitución del sistema de alerta temprana para la resolución de conflictos”.

La Comunicación del Consejo Consultivo

“Es importante la comunicación, las redes sociales, como hoy a través de los celulares se pueden difundir los trabajos que hacemos”, dice Ángel de la comunidad Pilagá y en ese momento también se hace eco la necesidad de la conectividad de las comunidades indígenas. Es que el Consejo elaboró propuestas de comunicación para poder difundr la realidad de las comunidades que van desde un diario, una revista y la solicitud de espacios en Radio Nacional y el ENACOM.

El Consejo fue creado el año pasado (decreto 672/2016) y entre sus objetivos figura el de proponer un proyecto de reglamentación del derecho de consulta previa, libre e informada, de los pueblos indígenas, establecido en el convenio 169 de la OIT, e impulsar el relevamiento y ordenamiento del territorio para “la efectiva posesión de las tierras por las comunidades”.

Además debe impulsar una reforma de la Ley sobre Política Indígena y apoyo a las Comunidades Aborígenes (N° 23.032) que proponga una reglamentación al derecho a la consulta previa, libre e informada que se establece en el convenio 169 de la Organización Mundial del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales.