Se trata de Julio Saquero, quien preside la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos en la zona de la Cordillera. En diálogo con Jornada dijo estar en permanente contacto con los abogados de la defensa. “Lo tratan como un criminal”, marcó y opinó que existe una “persecución judicial”. En el marco del proceso judicial a Facundo Jones Huala en estrados de Esquel, hay un seguimiento del presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos en la zona cordillerana, Julio Saquero, quien también es integrante de la mesa nacional de la APDH.

Durante un impase en la audiencia realizada en el curso de la semana, con la confirmación de la prisión preventiva por 60 días al lonco de la resistencia mapuche de Cushamen, Saquero dialogó con Jornada y recalcó que desde el primer día que la comunidad mapuche se instaló en Leleque el 13 de marzo del año pasado, viene siguiendo el desarrollo de los acontecimientos, en contacto inclusive con los abogados de la defensa.

Consideró que “este proceso forma parte de todas las contradicciones en las causas que se han abierto en los últimos quince o veinte años en la democracia, con relación a las comunidades campesinas, y sobre todo las originarias”.

Saquero enfatizó que estas comunidades en la Comarca Andina están reclamando los títulos de propiedad de sus tierras desde hace 100 años, y puntualmente en el Departamento Cushamen, indicó que después de la Campaña del Desierto, los campesinos y pueblos originarios sólo recibieron del gobierno nacional un espacio territorial para habitar, más allá de los derechos de la comunidad originaria, con presencia en la zona con anterioridad a la presencia de los blancos en la región.

En los comienzos –explicó el representante de la APDH- esa área de Cushamen era hostil, sin nada. Pero, con el tiempo fue adquiriendo valor, y los habitantes primitivos fueron perdiendo sus títulos que quedaron en manos de los especuladores. Asimismo recordó que esas eran tierras fiscales, y en 1982 el IAC entrega el manejo a los municipios que “transformaron las tierras fiscales en sujeto de negocio inmobiliario, con abogados y jueces que apoyaron la apropiación de las mismas por parte de particulares a precio vil”.

Desplazados a villas miserias

Advirtió Julio Saquero que “vendieron tierras con habitantes adentro, porque las comunidades originarias tenían sus títulos otorgadospor la Nación”. En este contexto, comentó que en esa zona del Departamento Cushamen, adquirió tierras la Compañía de Tierras del Sud Argentino, y luego compró acciones Benetton que se quedó con 1 millón de hectáreas en la región, con el desalojo de los habitantes primitivos, a lugares inhóspitos en los que no pudieron permanecer, y se fueron a villas miseria de Neuquén, Bariloche, El Bolsón y Esquel.

Ahora los jóvenes que reclaman su espacio “quieren vivir donde tienen sus muertos”, expresó el militante por los derechos humanos. Puntualmente sobre Facundo Jones Huala, Julio Saquero dijo que “es tratado como un criminal, y lo que está haciendo es reivindicar el derecho a vivir en la tierra de sus mayores”.

Cuestionó que se les endilgue un delito por usar gomeras, que las utilizan los campesinos para pastorear cabras, y remarcó que es natural que un campesino tenga un puñal y una pistola, pero aclaró que desconoce que haya armas en Leleque donde se hace la recuperación territorial en campos de Benetton.

También preguntó Saquero qué campesino de América Latina no maneja un machete. Pero, en este punto se le planteó que un equipo periodístico de Jornada en agosto del año pasado, fue privado de la libertad por varios minutos, por gente de la ocupación portando machetes y cubiertos sus rostros.

¿A es cómo le llamamos?, le preguntó este diario al presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos en la zona, a lo que respondió que esa situación se da ante la desconfianza, incluso aseguró que a él le ocurrió que esa comunidad le desconfiaban cuando fue a verlos por primera vez. Indicó que hubo inteligencia donde se instaló el grupo con complicidad de fiscales de Esquel.

Justificó que se cubren el rostro, porque saben que cuando los identifican, los llevan para culparlos de cualquier cosa. “Hay una persecución judicial y de los jueces”, hacia la comunidad mapuche, consideró el militante de los derechos humanos.-