La comunidad Campo Maripe se movilizó esta mañana en la ciudad de Neuquén. Ocuparon dos locaciones en Bajada del Añelo y Loma Campana donde se hizo presente la Gendarmería. La comunidad mantiene su presencia en dos lugares, aunque uno de ellos está sin actividad y en el otro existen instalaciones donde se industrializa el hidrocarburo por lo que desde la empresa se advirtió sobre el hipotético riesgo.

Fuentes de la justicia federal informaron que no hubo denuncia de YPF sobre la toma u ocupación de instalaciones. Se indicó que Gendarmería puede actuar “de oficio” en función de que rige el protocolo antipiquete que impulsó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

La comunidad reclama la propiedad comunitaria del sector y el actual ministro de Seguridad de la provincia, Jorge Lara, en la anterior gestión del gobernador Jorge Sapag les dio un reconocimiento en cuanto a Personería Jurídica pero sin reconocerles la propiedad de la tierra. YPF, en tanto, invirtió dinero para poner en valor unas cincuenta hectáreas para la producción de forraje en la zona del valle medio del río Neuquén.

La comunidad Campo Maripe informó que unos 80 gendarme ingresaron a su territorio en la planta de tratamiento de Loma Campana y “sin autorización cortaron los ingresos y los caminos internos”.

Fuentes de YPF contrastaron el dato al indicar que pretendían retirar equipos y, como estaba ocupada por la comunidad, debieron recurrir a Gendarmería. La situación fue tensa pero no se llegó a mayores.

Fuentes de la petrolera indicaron que la comunidad se retiró del lugar y se concentró en Bajada del Añelo donde desde la semana pasada se registró el episodio de ocupación.

La confederación mapuche informó que Gendarmería “tuvo de rehén en su propio territorio a integrantes del Lof Campo Maripe”.

El ministro de Seguridad, Trabajo y Ambiente de Neuquén, Jorge Lara informó que ayer la Justicia dictó una orden de allanamiento y desalojo sobre terrenos de Tratayen que fueron ocupados por una comunidad que se reconoce como integrante del pueblo mapuche.

Fue el juez Diego Piedrabuena el que aceptó que se realice el allanamiento pedido por el fiscal Marcelo Silva aunque dejó a criterio de este último la definición sobre el desalojo.

A primera hora de este viernes se desplegaron efectivos policiales en el terreno, ubicado entre Añelo y Chañar, con la intención de hacer cumplir la resolución judicial.

Sin embargo, según Lara, ni el fiscal ni la defensora del menor se presentaron en el operativo, dificultando el cumplimiento de la orden ante la presencia de menores de edad, por lo que Oses ofició de mediador.

Finalmente, se llegó a un acuerdo que desactivó el desalojo y, de acuerdo al werken (vocero) Jorge Nawel, la comunidad mapuche se presentará ante la fiscalía para llevar pruebas de su derecho de posesión sobre las tierras.

En este caso, el ministro aseguró, en declaraciones a LU5, que las tierras ocupadas pertenecen a propietarios privados y no son fiscales. Además, aclaró que la comunidad, que se encuentra en esa chacra desde finales de mayo, no cuenta con reconocimiento legal.

Desde la Confederación Mapuche respaldaron el reclamo de la comunidad, denominada Fvta Trayen, y manifestaron que “su única culpa es haber sacado a la luz el negociado de la tierra que ha quedado en manos de amigos y familias del poder político neuquino”.

Hasta el momento la orden quedó pendiente y dependerá de los pasos que defina seguir el fiscal.-

FUENTE: Diario RÍO NEGRO