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El procurador general adjunto ante el Superior Tribunal de Justicia, Miguel Fonteina, consideró que se debe hacer lugar al recurso extraordinario federal contra la resolución del máximo tribunal chaqueño que avaló la elevación a juicio oral a campesinos qom por defender sus territorios y a una periodista por documentar el violento operativo de desalojo. No es vinculante. El abogado García Veritá junto a Diana Della Bruna y parte de los imputados.

El procurador general adjunto ante el Superior Tribunal de Justicia del Chaco, Hugo Miguel Fonteina, dictaminó a favor de hacer lugar al recurso extraordinario federal para que la Corte Suprema de Justicia de la Nación analice una resolución del máximo tribunal chaqueño que convalidó la elevación a juicio de dirigentes de la comunidad Qom de Pampa del Indio por resistirse a ser desalojados de sus territorios ancestrales y de la periodista Diana Della Bruna quién documentó fotográficamente el violento operativo. Ahora, la última palabra la tiene el Superior Tribunal de Justicia del Chaco que deberá decidir si avala el dictamen de la procuración que no es vinculante. 

Vale recordar que el planteo central de la defensa de la periodista Diana Della Bruna hace hincapié en que el desalojo de la comunidad qom fue ordenado violando la ley nacional 26160 que suspende los desalojos de las comunidades indígenas de sus territorios ancestrales y que a partir de que los dirigentes de Pampa del Indio resistieron el desalojo se inició la causa penal por los delitos de usurpación, resistencia a la autoridad agravado por el uso de arma. También a la periodista se la imputó por resistencia a la autoridad agravada por el uso de arma cuando su única “arma” era su cámara fotográfica. 

El dictamen 

El dictamen, al que tuvo acceso CHACO DIA POR DIA.COM, fue elaborado el 10 de mayo y lleva la firma del procurador general adjunto ante el STJ, Miguel Fonteina, en el marco de la presentación realizada por el abogado Gonzalo García Veritá, defensor de la periodista imputada, luego de que el Superior Tribunal de Justicia chaqueño rechazara, en votación dividida, un recurso de casación contra la elevación a juicio oral de la causa. La resolución del STJ fue dictada el pasado 16 de marzo con los votos de los ministros Rolando Toledo y María Luisa Lucas y la disidencia de su colega Isabel Grillo. 

Citando el fallo en disidencia de la jueza Isabel Grillo, Fonteina consideró que se cometió un acto de “arbitrariedad” por parte de la jueza Correccional de la localidad de General San Martín, Bibiana Bianchi, quién al elevar la causa a juicio oral prescindió “en su pronunciamiento de una ley nacional específica en la materia, sin siquiera ponderar su sentido y alcance, incurriendo debido a ello en la denunciada arbitrariedad”. 

El procurador adjunto advirtió que “el art. 2 de la citada norma nacional (la 26160) prevee la suspensión, por el plazo de emergencia declarado, de todos los actos procesales o administrativo cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las referidas tierras. Extremo legal que fue omitido por la Sra. Magistrada al rechazar el planteo de nulidad impetrado”, consigna el dictamen del procurador adjunto. En ese contexto, consideró que se trata de una “decisión jurisdiccional que resulta contraria a los lineamientos del art. 37 de nuestra Constitución Provincial cuyo espíritu fue reformar el antiguo art. 34 en el pleno convencimiento de que debemos coexistir ambas culturas, respetándose sus diferentes identidades y reconociendo como reparación histórica la preexistencia de los pueblos aborígenes y la propiedad comunitaria de la tierra que actualmente ocupan”. 

El dictamen del procurador adjunto Fonteina se da en un contexto de reclamo institucional que vienen realizando dirigentes de organizaciones campesinas e indígenas de la zona de Pampa del Indio contra la criminalización de sus reclamos en defensa de sus derechos a la tierra, al agua y a los alimentos. En las últimas semanas, las demandas llegaron a la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados del Chaco que citó a autoridades de la Procuración General para que informen sobre el estado de las causas penales contra la protesta indígena y la reciente presentación de un proyecto de ley del diputado del bloque Libres del Sur, Carlos Martínez, para conceder la amnistía a los dirigentes campesinos e indígenas procesados por defender sus derechos.