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Quieren detener los intentos de desalojo a miembros de estos pueblos originarios a través de la declaración de la emergencia territorial. Solicitan además que sea reconocido su autogobierno local. Recientemente se concretó una nueva Asamblea de Comunidades de la Nación Diaguita en la localidad de Corral Blanco, ubicada 15 kilómetros al norte de Laguna Blanca, departamento Belén, Catamarca . Esta asamblea es el encuentro de los caciques diaguitas de Catamarca, pero en esta circunstancia también se sumaron caciques de las comunidades hermanas de la provincia de Tucumán.

Los diputados provinciales del Frente Cívico y Social, Silvana Carrizo y Rubén Manzi, que han elaborado un proyecto para declarar la Emergencia Territorial para las comunidades indígenas de Catamarca, participaron de este encuentro en cuyo transcurso explicaron cuál había sido el sentido de la iniciativa, dejando en claro que respondió a la necesidad de dar una respuesta legislativa a la situación de emergencia planteada por intentos de desalojo a integrantes de estos pueblos originarios, motorizados por terratenientes de la zona.

Los legisladores llegaron a Corral Blanco con un equipo de trabajo constituido en torno a esta problemática, integrado por la delegada del INADI, María Luisa Moreno; la ex diputada Lucía Martínez que es la persona que más ha trabajado en este tema en Catamarca desde su función pública, desde su banca y desde su militancia social, y por un grupo de abogados que estudiaron la situación legal de estas comunidades. También se contó con el aporte del Lic. Daniel Delfino, antropólogo y arqueólogo que ha realizado un extenso trabajo científico en la zona.

Las comunidades recibieron con satisfacción esta iniciativa legislativa y reclamaron, como un método válido, algo que la Organización Internacional del Trabajo y las normas internacionales han consagrado, que es la Consulta Informada y Libre a los pueblos indígenas, cuando se traten temas que los afecten en forma directa o indirecta, sea que se trate de cuestiones relativas a su territorio, a su modo de vida o a sus costumbres y a su sistema de autogobierno.

La lucha de estas comunidades, es por la tierra, por el mantenimiento de su cultura y por el reconocimiento de su autogobierno local, sin que esto signifique desconocer el gobierno municipal, el provincial o el nacional, pero sí aspiran a que se respeten estos ámbitos comunitarios de deliberación y decisión.

Es importante destacar que en el departamento Belén hay 14 comunidades diaguitas - calchaquíes, otra tantas en Santa María, en Aconquija (Andalgalá) y una comunidad, que está inscripta en el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), que pertenece a la etnia kolla atacameña, que está en Antofagasta de la Sierra.

Hay, aproximadamente, unos 7.000 catamarqueños que forman parte de estas comunidades indígenas. Es importante resaltar, como dato de pertenencia y que hace referencia a la identidad del pueblo de la provincia, que en el último Censo Nacional el 40 % de los catamarqueños asumió, como parte de su linaje genético, descender total o parcialmente de los pueblos originarios.

Los diputados se proponen seguir profundizando esta tarea para sensibilizar a la opinión pública sobre estos temas y trabajar en conjunto con los estamentos del Estado provincial que tengan que ver con la problemática y que deban asumir la defensa de los derechos de estos pueblos.

La emergencia territorial

El pedido formal de los diputados Carrizo y Manzi ingresó a la Cámara de Diputados como proyecto de ley y tomó estado parlamentario hace unos dias. La iniciativa solicita la declaración de emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que ocupan las comunidades indígenas de la Provincia por el término de cuatro años. Los beneficiarios serán las comunidades cuya personería jurídica haya sido reconocida en el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas o algún organismo provincial competente o en el Registro Provincial de Comunidades Indígenas dependiente de la Dirección de Personas Jurídicas. Y las comunidades que hayan iniciado los trámites ante estos organismos.

El proyecto también pide la suspensión en todo el ámbito de la Provincia de la ejecución de sentencias, actos procesales, administrativos o de cualquier naturaleza, que tenga como objeto el desalojo o desocupación de las tierras donde estén asentadas comunidades indígenas.

Por último, el proyecto solicita la creación de un fondo especial para la asistencia de las comunidades indígenas catamarqueñas. Este fondo será destinado a afrontar los gastos que demanden: el relevamiento técnico, jurídico, catastral, histórico y antropológico de las tierras que en forma tradicional, actual y públicamente ocupan aquellas comunidades, las labores profesionales en causas judiciales y extrajudiciales; y los programas de regularización dominial.

Los autores del proyecto sostienen que “la historia oficial ha ignorado y maltratado a estas comunidades haciendo que se vuelvan invisibles a la conciencia colectiva" y en los fundamentos se resalta la existencia de comunidades indígenas, reconocidas o no por el Estado provincial o nacional, lo que es un dato insoslayable de la realidad poblacional. ElOrejiverde entiende que este es un tema crucial dado que por distintos motivos, muchas comunidades indígenas no tienen Personería Juridica lo cual dificulta su accionar ante el Estado. Sin embargo esa ausencia no debe provocar abusos por parte de los entes oficiales que antes que desestimar los reclamos legitimos de las comunidades, deben tener en cuenta y respetar su historia y sus sistemas de organización ancestral por encima de los requerimientos formales que habitualmente abruman a los pueblos originarios.-