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Comunidades aborígenes de distintas regiones de la provincia, presentaron en la Legislatura de la Provincia y en Casa de Gobierno un pedido de derogación de  la Ley N° 5915 de “Servidumbres administrativas” que fuera aprobada recientemente por la Legislatura y que afectaría a derechos de los pueblos originarios.

Dicha norma “denominada de Servidumbre Administrativa de electroductos y régimen especial de constitución de servidumbres administrativas para el desarrollo de proyectos de generación de energía eléctrica a partir de fuentes renovables sobre inmuebles de propiedad comunitaria” tiene como objeto la instalación, construcción, explotación, conservación, reparación, vigilancia y acceso de los sistemas para la generación y aprovechamiento de la energía eléctrica y las generadas con fuentes renovables.

“Aprobada por ley de servidumbre administrativa. Plena potestad sobre tierra de comunidades originarias, para emprendimiento o trabajos” enfatizó Gustavo Ontiveros representante de las Comunidades donde se manifestaron.

Los Comuneros de distintas localidades se reunieron para hacer observaciones a la ley y pidieron además que se realicen las audiencias públicas previstas en la Constitución de la provincia. “Es inconstitucional esta Ley porque no permite que las propiedades comunitarias tengan servidumbre. Los emprendimientos pueden tener beneficio para las comunidades y por eso tenemos que llevar a consulta a las comunidades y consentimiento,  como dicen los tratados internacionales ratificados por Argentina” expresó.

Recalcó que si bien las audiencias públicas por ley no son vinculantes, “pero es la oportunidad para que las comunidades puedan expresarse libremente, para un futura derogación de la Ley porque en general la ley perjudica enormemente a todas la comunidades en todo su texto. No solamente  por la servidumbre para las propiedades comunitarias, porque sabemos que sabemos que el 90% de la comunidades no tienen los títulos de propiedad; en otro porcentaje, algunos tienen títulos comunitarios, y en un menor porcentaje están en disputa con terceros, ya sean terratenientes o capitalistas”.

Recalcaron que van a luchar para que deroguen la ley y para eso  se llevan distintas reuniones en toda la provincia con las comunidades originarias. Este fin de semana se reunieron 50 comunidades y pidieron su derogación. Se presentó en la Legislatura y en Casa de Gobierno.