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El embarazo de Adelaida, de 27 años, fue considerado de "alto riesgo". Sin embargo, al comenzar las labores de parto sufrió una serie de negligencias que derivaron en su muerte. La Comisión Nacional de Derechos Hummanos (CNDH) presentó las conclusiones de su propia investigación, enumerando varias irregularidades, y anunciando que presentará una nueva “denuncia de hechos” ante la Fiscalía estatal. La Secretaría de Salud estatal inició por estos hechos una investigación administrativa, tras la cual concluyó que no hubo ninguna irregularidad por parte del personal médico que atendió a Adelaida y su hija recién nacida, aunque fue atendida por un estudiante de medicina sin acompañamiento de un profesional que vigile al pasante. La Fiscalía del Estado inició una averiguación previa de índole penal. A casi dos años de los hechos, no han podido determinar si existió algún delito que perseguir, relacionado con este fallecimiento.

Adelaida tenía 27 años, pertenecía a la etnia amuzga, y su vida terminó en un hospital de la Secretaría de Salud de Guerrero, entidad que ocupa el tercer lugar a nivel nacional en el índice de muertes maternas.

El embarazo de Adelaida había sido declarado como de “alto riesgo”, debido a que siete años antes, al tener a su primer hijo, la joven presentó preclamsia, razón por la cual su evolución fue seguida no por los médicos de la clínica pública de su comunidad, sino directamente por expertos del Hospital General de Ometepec, Guerrero, al que fue referida para recibir atención especializada.

El expediente médico de Adelaida deja ver que, durante el mes previo a su parto, la joven indígena acudió en cinco ocasiones al hospital de Ometepec para ser valorada, y luego –el día 29 de noviembre– acudió desde temprana hora ya con labores de parto, para dar a luz a una niña.

El expediente revela que luego de dar a luz, las enfermeras que asistieron la intervención reportaron que la placenta no había sido expulsada completamente, pero la joven no fue valorada por un médico sino hasta una hora después.

Luego de la supuesta revisión, este médico inscribió en su reporte que no quedaba ningún residuo y que Adelaida evolucionaba normalmente.

No obstante, a las 3:00 de la madrugada del día siguiente, la señora Agustina León, mamá de Adelaida, quien esperaba en la sala de espera del hospital, fue convocada por las enfermeras, para que limpiara a su hija, ya que “estaba haciendo feo”.

Cuando la señora Agustina llegó junto a su hija, la encontró convulsionando y con una hemorragia entre las piernas.

Según su denuncia, las enfermeras se negaron a ayudarla porque “estaban enfadadas con la paciente, ya que (aseguraron que en el pasado) habían tratado partos de chamacas de 12 años, y que Adelaida ya estaba vieja para que hiciera eso”. Además se burlaron de que la joven indígena fuera madre soltera, usaron un celular para grabar las convulsiones que sufría, y luego se alejaron.

La mamá de Adelaida gritó pidiendo ayuda. Una vez que el especialista llegó a su lado, la mamá de Adelaida salió para avisar a sus familiares lo que ocurría.

Minutos después, la señora Agustina volvió junto a su hija, pero ya había fallecido.

El encargado del hospital sólo le explicó que Adelaida murió “porque se le había subido el agua de la fuente a la cabeza”.

Era una burla y una mentira: Adelaida había muerto, en realidad, por un “cuadro de placenta incretada”, es decir, residuos de la placenta quedaron dentro de su útero luego del parto y provocaron una hemorragia que, en pocas horas, le quitó la vida.

Violencia obstétrica

Según los reportes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en Guerrero se registraron 44 mil 414 nacimientos durante 2014. En el mismo periodo murieron 42 mujeres por situaciones relacionadas con el alumbramiento.

En Guerrero, nueve de cada 10 mil mujeres mueren al año durante el parto.

La tasa de muertes maternas por cada 10 mil partos en Guerrero es prácticamente del doble que el promedio nacional, que es de 5 fallecimientos.

En este rubro, Guerrero sólo es superado por Chiapas, con 11 muertes maternas por cada 10 mil partos, y por Tabasco, del que lo separan apenas unas de décimas en la estadística: la tasa de Tabasco es de 9.56 casos, y la de Guerrero es de 9.48.

La muerte de Adelaida es ejemplo de los distintos problemas de exclusión y falta de protección gubernamental que sufren las mujeres mexicanas.

Según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, las autoridades de Salud de Guerrero –en particular los servidores públicos que la atendieron en el Hospital de Ometepec– violaron distintos derechos de Adelaida, empezando por el derecho a la vida.

Además, violaron su derecho a tener una vida sin violencia por su condición de género; y violaron también su derecho a recibir atención médica adecuada, y a recibir información de salud de forma oportuna y adecuada.

Por otra parte, la CNDH concluyó también que las autoridades violaron varios derechos de la hija recién nacida de Adelaida, como su derecho a la protección de la salud, y a su integridad personal.

Las anomalías detectadas en la atención que la Secretaría de Salud de Guerrero brindó a esta joven indígena abundan: cuando llegó al Hospital de Ometepec, con dolores de parto, en su expediente clínico se omitió inscribir distintos rubros básicos, como el ritmo de las contracciones uterinas, la altura del fondo uterino, o síntomas como la fiebre que presentaba.

Además, a pesar de que durante todas las citas previas se subrayó en sus fichas médicas que el suyo era un embarazo de “alto riesgo”, esta condición no fue inscrita en el informe con el que arranca todo proceso de atención de partos, que es la “Hoja de Triage Ginecológico-Obstétrico”.

Todos estos datos que fueron omitidos eran “de vital importancia para la adecuada vigilancia del parto, toda vez que la finalidad del Triage Obstétrico es identificar rápidamente la presencia de alguna complicación, catalogar su gravedad y establecer las acciones inmediatas a seguir”, tal como concluyó la CNDH, tras analizar el caso de Adelaida.

Luego de llegar al Hospital, esta joven fue puesta en espera durante casi nueve horas, a pesar de que su estado de salud demandaba su inmediato traslado al área obstétrica, y no fue sino hasta las 19:50 que fue ingresada a Urgencias, y luego a la sala de partos.

La actitud agresiva que la señora Agustina detectó en en el personal médico inició, de hecho, una vez que inició el parto, tal como dejan ver las declaraciones de las enfermeras que lo asistieron.

“La paciente no cooperaba con nosotras –señala una de las declaraciones recuperadas por la CNDH–, por más que le explicábamos la posición que ella debía tener, no nos hacía caso y al final, cuando el bebé ya iba a salir, ella apretaba las piernas, las caderas las cerraba y el bebé venía con circular en el cuello, y ella aún así no cooperaba con nosotras.”

Una semana después del parto y de la muerte de Adelaida, su madre, la señora Agustina, detectó que la bebé no movía uno de sus brazos, por lo que la llevaron con un médico particular, quien diagnosticó que lo tenía dislocado.

Médicos de la CNDH concluyeron que la bebé sufrió la lesión durante el proceso de parto, sin embargo, no pudieron concluir si fue resultado de una mala práctica, o consecuencia de que –según las declaraciones del personal médico– la bebé “se atoró al momento de la expulsión”, obligando a aplicar más fuerza para completar el parto.

¿Justicia?

La CNDH no da a conocer el nombre del doctor que atendió el parto de Adelaida, pero lo describe como un “médico interno de pregrado”, es decir, “aún en formación”, quien “no fue supervisado por personal capacitado o por el Jefe de Servicio de la Unidad Hospitalaria” durante la atención a la joven indígena.

La supervisión de los médicos en formación no es algo que quede a criterio de los médicos titulares, sino que es una obligación establecida por las normas mexicanas. No obstante, esto no ocurrió.

Por el contrario, el médico titular sólo acudió a valorar a Adelaida cuando ya presentaba una hemorragia “abundante vía transvaginal”. Aunque este médico titular firmó el reporte de la revisión, luego admitió que sólo firmó el documento, el mismo practicante que la había atendido desde que llegó al hospital fue la que colocó un “tapón vaginal de gasas quirúrgicas”, sin retirar los residuos de placenta que estaban provocando esa hemorragia.

A pesar del abundante sangrado, Adelaida no recibió transfusiones sanguíneas.

La Secretaría de Salud estatal inició por estos hechos una investigación administrativa, tras la cual concluyó que no hubo ninguna irregularidad por parte del personal médico que atendió a Adelaida y su hija recién nacida.

Pocos días después de la muerte de la joven, la Fiscalía del Estado inició una averiguación previa de índole penal. A casi dos años de los hechos, esta averiguación previa sigue en integración; es decir, ni siquiera han definido si existió algún delito que perseguir, relacionado con este fallecimiento.

Este miércoles 26 de octubre de 2016, la CNDH presentó las conclusiones de su propia investigación, enumerando todas estas irregularidades, y anunciando que presentará una nueva “denuncia de hechos” ante la Fiscalía estatal.
Adelaida nunca pudo conocer a su bebé.